NOVEDADES
Derechos Humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Informe España 2017
Autor: CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

“Derechos Humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Informe España 2017: Diagnóstico jurídico sobre la protección, promoción y garantía del derecho a la igualdad y de la salud y derechos sexuales y reproductivos” es el primero de los informes que la Fundación CERMI Mujeres, bajo una mirada crítica de derechos humanos, ha decidido presentar anualmente sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad en España.

El informe tiene carácter jurídico y social y es guiado por los valores, principios y objetivos que rigen a la Fundación CERMI Mujeres, abriendo un espacio para que las voces de las mujeres y niñas con discapacidad sean escuchadas. Así, el informe pretende dar visibilidad a la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en España respecto de la protección, promoción y garantía de sus derechos humanos y libertades fundamentales y, al mismo tiempo, pretende ser una acción de incidencia, marcando el camino para que los poderes del Estado garanticen la igualdad y justicia social. En concreto, los receptores y a quienes está dirigido este informe son el propio Estado español, los legisladores y legisladoras, el sistema de justicia, el movimiento asociativo de todos los grupos sociales y no únicamente los de mujeres y niñas y personas con discapacidad y, por último, la sociedad en general.

Este informe de derechos humanos de la Fundación CERMI Mujeres, basándose en indicadores internacionales, realiza un diagnóstico jurídico sobre la legislación española actual, la jurisprudencia y las políticas y planes estratégicos, a fin de analizar su efectividad para alcanzar una igualdad sustantiva a las mujeres y niñas con discapacidad en el derecho a la igualdad y en la salud y derechos sexuales y reproductivos.

Si bien los resultados de este informe están lejos de ser halagüeños, se observa un camino trazado por el que se puede transitar en pos de alcanzar una verdadera justicia social.

La accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
Autoras: María Asunción Arrufat Pérez de Zafra y Esperanza Alcaín Martínez

Mediante el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público que incluye Administración General del Estado, Administraciones autonómicas y locales, las entidades públicas y privadas dependientes de ellas, las Universidades públicas,  la Administración de Justicia, Congreso de los Diputados, Senado, Consejo de Estado,  Consejo Económico y Social, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Banco de España, entre otros.

Además de estar obligadas a su cumplimiento, las Administraciones Públicas tienen la obligación de exigirlo a entidades y empresas que se encarguen de gestionar servicios públicos, cuando se utilicen fondos públicos.

Si bien la accesibilidad va destinada a todos los usuarios, en particular, se destaca a las personas con discapacidad y las personas mayores. Hasta el punto de que en el seguimiento de las políticas de accesibilidad, se tendrán en cuenta especialmente a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y personas mayores, y sus familias, encarnadas en España por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Entre las novedades introducidas con el Real Decreto de 2018 se pueden destacar las siguientes: fijación de los requisitos mínimos de accesibilidad así como el sistema de comunicación con los usuarios para presentar sugerencias, quejas, e informar sobre su incumplimiento; designación de Unidades responsables de accesibilidad en cada entidad obligada para garantizar el cumplimiento y realización de revisiones de él tanto en la fase de diseño como antes de su puesta en funcionamiento. Importante es la creación de la Red de Contactos de Accesibilidad Digital de las Administraciones Públicas. Y todo ello conforme a unos plazos escalonados que van desde su entrada en vigor el 20 de septiembre de 2018 hasta el 23 de junio de 2021.

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